La Inspección de Trabajo multó el año pasado en Cataluña 147 empresas por incumplimiento de la normativa que obliga a reservar un 2 por ciento de las plantillas de más de 50 personas a trabajadores con discapacidad (la Ley General de la Discapacidad, antes LISMI) , según datos que nos han facilitado desde la Inspección de Trabajo. Esta cifra es un 267% superior a los 55 expedientes sancionadores de 2018
Asimismo, se realizaron 169 requerimientos a cumplir la normativa. A raíz de los requerimientos de la Inspección se favoreció la contratación de 228 personas con discapacidad, dato muy inferior a la del 2018, cuando se contrataron 420 personas con discapacidad.
En cambio, a raíz de las inspecciones crecen las inversiones en medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad. El año 2019 la inversión superó los 9,85 millones de euros, cuando la inversión hecha en 2018 fue de 7,47 millones de euros. Diferentes motivos podrían explicar las inversiones en medidas alternativas a la contratación directa: uno de ellos es que determinados perfiles no se encuentran por contratación directa; otro es que las grandes empresas con matriz en el extranjero dan indicaciones de reducir estructura, externalizar al máximo la actividad y optar por los costes variables. Un tercer factor para preferir la compra de bienes o servicios a los CET «es la profesionalidad de los CET y su nivel competitivo actual, a pesar de las barreras que se encuentran en el mercado», señala el presidente de la federación, Josep Roset.
Por otra parte, y según cálculos hechos por el sindicato UGT, «si todas las empresas de Cataluña cumplieran la cuota del 2% de trabajadores con discapacidad, 23.900 personas más con discapacidad tendrían trabajo. Esto significa que si las empresas cumplieran con la LGD, la tasa de empleo de las personas con discapacidad subiría 12 puntos porcentuales hasta situarse en el 43,7% «.
Recordemos, finalmente, que uno de los objetivos de la Inpecció de Trabajo para este 2020 que está a punto de terminar es, precisamente, perseguir el incumplimiento de la cuota legal del 2%. Ahora bien, la declaración del estado de alarma y posteriores restricciones de movimiento y actividad pueden haber influido en la capacidad inspectora en las empresas.
Precisamente, las patronales del sector pidieron al Gobierno, durante el estado de alarma, un Plan de Choque con unas medidas de aplicación inmediata, «pero sin obtener ninguna respuesta satisfactoria». Al contrario, las medidas que se han puesto en marcha, en el ámbito de la financiación «han perjudicado la tesorería de los CET».
Sin embargo, «hay que seguir insistiendo a nivel institucional para que se destinen recursos a inspección de trabajo y el cumplimiento del 2%», explica Roset. «Todavía estamos lejos de países como Francia y Alemania respecto al grado de cumplimiento. Estamos en una buena línea pero queda mucho por hacer. Falta más voluntad política para darle prioridad; estas políticas representan un mínimo coste por el Gobierno y una gran ayuda a nuestro sector, ya que dan mucho trabajo indirectamente a nuestros CET «, concluye el presidente de la federación.
