La Federación de Centros Especiales de Empleo de Catalunya (FECETC) organizó el 31 de mayo un foro para abordar el contenido del Real Decreto sobre Políticas Activas de Empleo y cómo afecta a la orden de bases de la convocatoria de subvenciones a los CEE que está preparando el departamento de trabajo de la Generalitat.
La sesión se celebró en la sede de la fundación Integralia -DKV y contó con una cuarentena de asistentes en la sala y una treintena por streaming . El acto fue presentado por el vicepresidente de FECETC y subdirector general de la fundación, Javier de Oña.
En la primera parte de la sesión, la subdirectora general adjunta del SEPE, Belén Rebollo , puso en contexto el Real Decreto de Políticas Activas de Empleo, en concreto los programas comunes relacionados con el empleo de las personas con discapacidad, que promueven la inserción laboral en centros especiales de trabajo mediante subvenciones específicas. Rebollo habló de los cuatro grandes grupos de subvenciones: por inversiones fijas generadoras de empleo (con un máximo de 12.000 euros), la subvención de los costes salariales, la subvención por adaptación del puesto de trabajo y la relacionada con el ajuste personal y social (las unidades de apoyo conocidas como USAP)
Rebollo explicó con más detalle los criterios y condiciones de las subvenciones del coste salarial a través del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuyos porcentajes pueden variar en función del tipo de contrato (fijo o temporal) del género, la edad y /o las especiales dificultades.
Recordó asimismo los recursos aprobados para los distintos ejes de actuación en la última reunión de la Conferencia Sectorial, celebrada en abril, y los destinados específicamente para Cataluña. Según la responsable del SEPE, las directrices estatales marcan los mínimos, a partir de los cuales las comunidades autónomas sientan sus bases y convocatorias de subvenciones.
Debate político
Tras su intervención se pasó a un pequeño debate e intercambio de opiniones con representantes de los distintos partidos políticos en la Comisión de Empresa del Parlament de Catalunya. Así, la diputada de Junts per Catalunya Maria Antonia Batlle se refería, en primer lugar, a la importancia que se aplique, al máximo, el Real Decreto estatal, y que el gobierno catalán cumpla.
A su vez, Elena Díaz, del Partido de los Socialistas de Cataluña , aludió a la financiación como “elemento clave” del orden del gobierno catalán en la que se está trabajando, así como a los problemas a los que deben hacer frente los CEE, a los que cabe añadir, actualmente, la subida de precios de la energía y de muchos productos y suministros. «Hay que proteger los derechos de las personas con discapacidad». Y añadió: “el dinero llega a Catalunya y cuando llega algo pasa”.
Por su parte, Jordi Albert, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), estuvo de acuerdo en que el Real Decreto debe cumplirse pero recalcó la importancia de avanzar, dar un paso más, “poner la mirada en el tráfico del CEE a la empresa ordinaria”, un tráfico que debe dotarse de recursos económicos, a la vez que es necesario potenciar el compromiso social de este tipo de empresa.
Hablan los gestores de los CEE
Tan interesantes como las de los diputados en el Parlamento fueron las intervenciones de representantes de los asociados. El vicepresidente, Alfred Subietas , dijo que “estamos mezclando las subvenciones por mantenimiento del empleo en los CEE con el modelo de CEE que queremos” y lamentó que se pretenda que éstos hagan el papel de “suplencia”, de intermediación en el traspaso de los trabajadores con discapacidad a la empresa ordinaria. Hay que tener en cuenta, además, que muchos trabajadores prefieren y se encuentran más cómodos (por el sueldo, por la antigüedad, las condiciones, el ambiente de trabajo y el acompañamiento…) trabajando en el CEW y no desean dar al salto a la empresa ordinaria.
El expresidente, Julio Martínez, insistió en que existen recursos suficientes para que los centros ofrezcan un trabajo con la misma o mejor calidad que la empresa ordinaria. «Los CEE son imprescindibles», y añadió que un problema radica en la palabra «especial»; pero un CEE es una empresa, una empresa social. Por otra parte, la transitoriedad no es un problema, el problema aparece, dijo, en el momento que nos preguntamos si el trabajador debe autodespedirse para hacer el cambio, si debe estar en paro… según Martinez, políticos y gobierno no se han tomado en serio la figura del CEE, como lo demuestra el retraso en la regularización y alta de los trabajadores de los CEE en la mesa sectorial. Otro problema está en el alto porcentaje de trabajadores que deberían jubilarse y no lo han hecho… Son muchos los problemas de este tipo de empresa que hacen necesario un replanteamiento. La supresión de subvenciones a los trabajadores contratados para realizar trabajos relacionados con las medidas alternativas, la limitación al crecimiento de los CEE, la rigidez de muchas medidas relacionadas con la contratación, la subrogación de plantillas cuando hay cambios de empresa subcontratada en licitaciones públicas, l incumplimiento de la administración en cuanto cuotas de trabajadores con discapacidad fueron otros puntos abordados.
Demanda de compromiso
El vicepresidente de FECETC y moderador del foro, Javier de Oña, pidió a los representantes políticos qué pueden hacer «para que las personas con discapacidad en Cataluña no estén discriminadas respecto a las del resto de autonomías». Elena Díaz respondió que “podemos trasladar su inquietud al Parlamento y ser altavoz para que esté en la agenda del Gobierno”. Jordi Albert abogó por un replanteamiento del modelo, más allá de la financiación, y Maria Antonia Batlle recalcó la importancia de escuchar al sector ”para conocer el modelo que desea”.
En la clausura, el presidente de FEACEM Catalunya, Rafael Ruano, recordó que este «es un debate de hace mucho tiempo porque no se entiende qué son los CEE o cada uno lo entiende de una forma diferente». Y añadió: “estamos muy preocupados, hemos venido aquí a hablar de un problema económico, es necesario que el Gobierno escuche más al sector, y no le escucha” porque quiere poner en marcha unas líneas muy determinadas y concretas que “no son el que pide el sector”, lo que genera una confrontación y “parece que el Govern sólo reacciona cuando está presionado”. A su juicio, está muy bien abrir un debate con los políticos, pero el verdadero debate debe establecerse con la dirección general para conseguir equiparar los derechos y deberes de los CEE catalanes a los del resto del estado. Así, «el día que el departamento nos escuche seguramente avanzaremos».